III. El debate político y la privatización de la res pública
En la primera parte de este artículo vimos cómo el ágora griega fue mucho más que un mercado. Era también asamblea, un espacio de palabra compartida donde la comunidad deliberaba sobre su destino. Allí la política se ejercía como práctica pública, como res publica, asunto común de todos. La voz del ciudadano, aunque con una noción de ciudadanía limitada, era condición de legitimidad. En la actualidad, ese espacio ha sido privatizado.
III. 1 La apropiación de la autoridad y las leyes
En el apartado I.2 vimos cómo los partidos políticos surgieron históricamente como facciones que evolucionaron hacia organizaciones permanentes. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión ocurre en el siglo XIX, cuando la expansión del sufragio y la consolidación del Estado moderno transforman a los partidos en actores centrales de la vida política. Ya no se limitan a mediar entre sociedad y poder: comienzan a incrustarse en las estructuras jurídicas y administrativas, apropiándose de la autoridad y de las leyes como patrimonio propio, asimilando el poder colectivo y convirtiéndose en el poder mismo.
Montesquieu[i], escribiendo bajo la monarquía absoluta francesa, había advertido que la libertad política solo podía sostenerse si el poder se dividía en funciones distintas —legislativa, ejecutiva y judicial— que se controlaran mutuamente. Su teoría de la separación de poderes, expuesta en El espíritu de las leyes (1748), se inspiraba en la constitución inglesa: un sistema construido a lo largo de siglos, desde la Carta Magna (1215) hasta el Bill of Rights (1689), que limitaba el poder del monarca y distribuía funciones entre Parlamento, Corona y jueces. Para Montesquieu, ese equilibrio era la garantía de que ninguna autoridad pudiera concentrar todo el poder.
Pero la evolución posterior mostró lo contrario. A medida que los partidos se consolidaron como organizaciones de masas en el siglo XIX y XX, se incrustaron en las tres funciones del Estado. Controlaron parlamentos y legislación, dominaron gobiernos y ejecutivos, y colonizaron tribunales mediante nombramientos y disciplina partidaria. Lo que Montesquieu pensó como equilibrio se convirtió en monopolio: la separación de poderes terminó subordinada a la lógica de los partidos, que transformaron la res pública en patrimonio de élites políticas.
Así, el momento histórico en que los partidos se apropian de las estructuras sociales coincide con la institucionalización del Estado moderno. Desde entonces, la autoridad dejó de ser un cauce público y se convirtió en botín partidario. El ideal ilustrado de Montesquieu fue traicionado ad portas (a las puertas): la clase política emergente, con el surgimiento de los partidos, salvo algunas excepciones, pasó a ocupar el lugar del monarca.
III. 2 Kelsen y la jerarquía de las leyes
Aquí resulta inevitable introducir a Hans Kelsen[ii], jurista austríaco del siglo XX, quien definió la autoridad como garante de la validez normativa.
Kelsen elaboró una teoría pura del derecho que buscaba explicar la validez normativa sin recurrir a factores externos como la moral o la política. Su propuesta se organiza en forma de pirámide donde cada norma obtiene su fuerza de una norma superior, siendo la Constitución Política del Estado el fundamento último de la norma. La validez, entonces, no depende del contenido de la norma, sino de la posición en esa jerarquía.
En principio, esta estructura debía garantizar coherencia y estabilidad. La Constitución, como norma suprema, obligaba a todos y aseguraba que las leyes inferiores se ajustaran a ella. No olvidemos que la idea de la “Constitución” nace vinculada a la idea de limitar el poder del monarca. Sin embargo, cuando la estructura normativa es capturada por intereses privados —partidos políticos, élites económicas, mercachifles del poder— deja de ser garantía de legitimidad y se convierte en instrumento de coerción. La autoridad ya no valida las decisiones de la comunidad, no canaliza correctamente el poder individual hacia el poder colectivo, sino que manipula y obliga de facto (en los hechos).
La ciudadanía, una vez atrapada en la estructura normativa, obedece no porque crea en el producto político o haya cedido voluntariamente su poder individual, sino porque la norma es válida, y de obligatorio cumplimiento, ipso iure (por el derecho mismo).
III. 3 La legislación como camisa de fuerza
La legislación, concebida originalmente como expresión de justicia y garantía de libertad, se convierte en una verdadera camisa de fuerza cuando es capturada por intereses privados. La ciudadanía no obedece porque reconozca y valore a la autoridad constituida para canalizar su poder, sino porque la norma simplemente le obliga.
Idealmente, la Constitución Política tendría que ser el “contrato social” originario que desde distintas perspectivas imaginaron Hobbes[iii], Rousseau[iv] o Locke[v], y no una jaula normativa en la que el ciudadano se ve atrapado, obligado a obedecer.
Continuando con la metáfora del mercado político devenido en pulguero, donde los políticos ofrecen los mismos productos defectuosos, usados y desgastados (aunque cada uno con un “empaque ideológico” distintivo que trata de cubrir las apariencias), el problema que se revela es que el pueblo, convertido por ley en ciudadanía, está sometido a un contrato que le obliga a participar de la farsa y pagar por esos productos con su obediencia, activa o pasiva, ex lege (por disposición de la ley).
El resultado de esta coerción normativa no es solo la obediencia pasiva, sino, también, la frustración acumulada que desemboca en violencia.
IV. El fallo del mercado y la violencia (Galtung)
Así, cuando el producto político es defectuoso y el canal normativo está privatizado, el resultado inevitable es la violencia. No hablamos solo de la violencia física visible, sino de todas las formas que Johan Galtung[vi] identificó: directa, estructural y cultural.
- Violencia directa: reflejada en la protesta popular, la represión, el crimen y la guerra. Es el síntoma más visible del fallo del mercado político.
- Violencia estructural: comprende, por ejemplo, la exclusión sistemática de grupos enteros, la desigualdad institucionalizada y el acceso desigual a recursos y oportunidades.
- Violencia cultural: que se manifiesta en las narrativas, símbolos y discursos que legitiman la exclusión, desde la xenofobia hasta el racismo, pasando por el mito constitucional que naturaliza la obediencia.
En el pulguero político, la violencia es un producto residual del fallo del mercado: aparece cuando las mercancías prometidas no satisfacen las necesidades del pueblo y cuando la autoridad, privatizada, obliga a pagar incluso por bienes defectuosos. La ciudadanía obedece, pero no recibe lo que se le prometió. La frustración se convierte en violencia, y la violencia se normaliza como parte del contrato social: es la cultura política de cualquier sociedad donde el mercado político falla.
V. ¿Qué podemos hacer?
El diagnóstico del mercado político fallido no puede terminar en la resignación. Si la autoridad ha sido capturada, la pirámide normativa convertida en camisa de fuerza y la violencia normalizada como cultura política, la tarea es recuperar el poder colectivo.
- Reaprender la democracia
La democracia no es un estado fijo ni puede aceptarse como un mito legitimador, sino que debe entenderse como un proceso inacabado que exige permanente participación ciudadana. Su fuerza reside en la capacidad de autocrítica y reinvención social. Si se deja en manos de las élites, se convierte en instrumento de dominación; si se asume como tarea común, puede ser autogobierno.
Ejemplos como el presupuesto participativo en Rosario (Argentina)[vii], donde la ciudadanía decide directamente cómo se asigna parte de los recursos municipales, muestran que la democracia puede reaprenderse como práctica cotidiana y concreta, más allá de las élites partidarias.
- Transformar la obediencia pasiva en obediencia activa
El poder es la energía vital que cada individuo porta. La autoridad legítima depende de la obediencia consciente y crítica. La ciudadanía debe dejar de obedecer por inercia y empezar a legitimar solo aquellas autoridades que sirven al bien común. La obediencia activa, disciplinada y gregaria, es la que sostiene instituciones justas y retira legitimidad cuando estas se desvían hacia privilegios o abusos.
Un ejemplo positivo lo ofrece Porto Alegre (Brasil)[viii], donde desde finales de los años ochenta la ciudadanía participa en asambleas barriales para decidir sobre el presupuesto público. Allí la obediencia se transforma en legitimidad consciente: se cumple porque se ha deliberado colectivamente, no porque se impone desde arriba.
- Desprivatizar la autoridad y desmercantilizar la política
La autoridad debe volver a ser cauce público para el ejercicio del poder colectivo, no patrimonio de partidos ni élites. La política no puede seguir siendo asumida como intercambio de mercancía en un pulguero donde te venden la supuesta satisfacción de necesidades a cambio de tu obediencia, sino un proceso de construcción colectiva. El pueblo no puede seguir pagando con obediencia por productos defectuosos: debe recuperar su papel como ciudadanía coproductora de lo público.
Los cabildos abiertos en Bolivia[ix] son un ejemplo de cómo la autoridad puede desprivatizarse y la política dejar de mercantilizarse: allí la ciudadanía se reúne para deliberar directamente sobre asuntos públicos, recuperando la res pública como espacio común y no como mercancía.
- Construir instituciones justas
Como recordaba Paul Ricoeur[x], la vida buena solo puede realizarse “con y para los otros, en instituciones justas”. El poder encuentra su legitimidad cuando se orienta hacia la justicia compartida. La tarea histórica es encauzar la energía vital de la humanidad hacia la dignidad y la supervivencia, no hacia la exclusión y la violencia.
Las democracias nórdicas[xi], con altos niveles de transparencia y participación, muestran que es posible construir instituciones justas que sostengan legitimidad sin recurrir a coerción ni violencia cultural.
El “qué hacer”, entonces, se resume en recuperar la política como bien común: transformar la obediencia popular pasiva en participación ciudadana activa, desprivatizar la autoridad y reinventar la democracia como tarea colectiva. Solo así la ciudadanía dejará de ser consumidora obligada de productos defectuosos y podrá ser protagonista de un nuevo contrato social, deliberado y justo.
[i] Montesquieu, El espíritu de las leyes (1748). Disponible en: Referencia
[ii] Hans Kelsen, Teoría pura del derecho (1934). Explicación de la pirámide normativa: Referencia
[iii] Thomas Hobbes, Leviatán (1651). Referencia: Ver enlace
[iv] Jean-Jacques Rousseau, El contrato social (1762). Referencia: Ver enlace
[v] John Locke, Segundo tratado sobre el gobierno civil (1690). Referencia: Ver enlace
[vi] Johan Galtung, Violence, Peace, and Peace Research (1969). Explicación del triángulo de la violencia: Ver emlace
[vii] Presupuesto participativo en Rosario (Argentina), vigente desde 2002. Fuente oficial: Ver enlace
[viii] Presupuesto participativo en Porto Alegre (Brasil), iniciado en 1989. Análisis académico: Referencia
[ix] Cabildos abiertos en Bolivia, reconocidos constitucionalmente. Fuente oficial: Referencia
[x] Paul Ricoeur, Lo justo (1992). Reflexión sobre instituciones justas: Referencia
[xi] Democracias nórdicas y transparencia institucional. Análisis: Referencia