CRISIS  Y  ALTERNATIVAS  DE  LA POLÍTICA

Alejandro Serrano Caldera

( Razón, Derecho y Poder. Reflexiones sobre la democracia y la política.  Editorial Hispamer. Managua. 2004)

Parte del desafío contemporáneo consiste en ajustar los desequilibrios y rupturas entre la economía y la política.

La economía ha dejado de ser política y la política ha perdido su influencia en la regulación de los fenómenos económicos. La independencia de la economía plantea una situación que incide no sólo en plano económico, sino en diversos órdenes de la vida social.

Pretender que lo económico es un fenómeno autónomo es asumir, no sólo que la economía es independiente de los demás aspectos de la vida social y política, sino que ejerce una hegemonía sobre todas las demás expresiones de la vida comunitaria y esto es excesivo y falso.

La economía política en su más recto sentido es síntesis de una serie de determinaciones. Su naturaleza política consiste en eso, precisamente, en ser punto de enlace y resultado de las múltiples relaciones sociales. En este caso, como en los demás, política viene de polis, que incluye no sólo lo relacionado con el poder y su ejercicio, sino al tejido múltiple y complejo de las relaciones sociales.

El mercado sin ningún tipo de regulación política es un mecanismo ciego y mecánico. Pretender que el mercado regule la vida social sin ninguna participación de la voluntad humana es una proposición dogmática que parte de considerar que un mecanismo abstracto que actúa al margen de los seres humanos, es capaz de entender sus deseos y realizar sus aspiraciones. Esa es la nueva metafísica de nuestro tiempo.

No desconocemos que la voluntad humana ejercida en el campo de la política ha dado pié a innumerables arbitrariedades, injusticias, despotismos, dicta-duras, esto, aunque cierto en muchos casos e inaceptable en todos ellos, no convalida la proposición del Mercado Total como substituto de los errores y abusos de la voluntad humana. Los errores humanos se corrigen mediante una acción política adecuada que de manera insustituible debe ser adoptada por seres humanos.

La crítica, el derecho, la opinión pública, la reacción ciudadana y hasta la rebelión, son mecanismos mediante los cuales deben enmendarse los abusos del poder, sin olvidar al Estado, actuando en el marco del derecho, y a la concertación, actuando como medio para sentar las bases del Contrato Social.

La crisis del mundo que vivimos es una crisis de rupturas y ésta, la de la ruptura entre la economía y la política, es una de ellas y por cierto no de las menos importantes. A esta situación habría que agregar la propia crisis de la política caracterizada por el retardo de las transformaciones institucionales y las concepciones políticas ante los grandes cambios de la revolución tecnológica.

Las decisiones políticas y el sistema legal, en general, están desajustados con respecto a los requerimientos de la sociedad que va surgiendo de estos cambios. La nueva sociedad, la de la computadora y la microelectrónica, la del mercado de servicios, ha venido sustituyendo a la sociedad que creó la Revolución Industrial, con la cual coexiste en una estructura dual en la que, sin embargo, una de ellas, la sociedad industrial, va caminando hacia la salida del escenario, mientras la otra, la sociedad tecnológica, se dispone a llenar, paulatina o aceleradamente, todos los espacios.

El aparato político y jurídico cambia a una velocidad mucho menor que el de la sociedad. El Estado y el derecho van a la zaga de los avances tecnológicos, su velocidad es mucho menor y, por lo mismo, su eficacia también. Eso explica tal vez la sensación, cada vez más generalizada, de la inutilidad de la política y de la insuficiencia del derecho ante las exigencias del tiempo que estamos viviendo.

En realidad, pareciera que la política perdió la sociedad en la que debe ejercer sus funciones, mientras la sociedad no encuentra todavía la política que debe corresponderle. Este desajuste pareciera ser un rasgo dominante de nuestra época.

¿Cómo adecuar la política y las instituciones a las transformaciones sociales y axiológicas producidas por la Revolución Tecnológica?

¿Cómo enfrentar el problema del empleo en una sociedad en donde la mano de obra ha devenido cada vez más superflua?

¿Cómo asumir desde el plano de la política una sociedad en la que por primera vez la producción de los medios de producción es mayor que la producción de los bienes de consumo?

¿Cómo tratar el problema de un sector no irrelevante de la población que no puede ni podrá incorporarse al contexto de la sociedad actual, constituyendo, por tanto, un segmento irreductible a la misma?

Estos son problemas inevitables de este momento, desafíos ineludibles de la política, si asumimos que el destino de la sociedad debe estar en manos de hombres y mujeres que deben buscar las soluciones y tomar las decisiones necesarias y no en manos de un mecanismo abstracto, que independientemente de las leyes que lo rijan, no tiene, ni puede tener, una conciencia de situación ni un sentido de la finalidad del ser humano.

Es ante estos desafíos que debe reconstruirse una Nueva Teoría de la Democracia que trate de dar, en forma creativa e inteligente, nuevas respuestas a viejas preguntas, y sobre todo, nuevas respuestas a nuevas preguntas.

El Contrato Social es sobre todo un supuesto racional que trata de explicar el nacimiento  de la sociedad y del Estado. La naturaleza del consentimiento es objeto de especulación: por un lado, puede suponerse que el Contrato nace del consenso que surge de la Voluntad General y en este sentido, la voluntad de todos, o de la mayoría, legitimaría lo convenido aunque existiera un sector de opinión disidente. Por el otro lado, puede suponerse que el Contrato Social no es otra cosa que la expresión de una voluntad minoritaria dominante que en base a ese mismo poder procura adhesiones posteriores a fin de legitimar con un consenso a posteriori la decisión tomada a priori.

Pero además del tema de la naturaleza del consentimiento, que ya presupone de nuestra parte la aceptación del origen contractual de la sociedad y del Estado, hay otro asunto anterior a éste: si la sociedad y el Estado han nacido, efectivamente, de un Contrato Social, o si por el contrario, como pensaban los griegos, son formaciones necesarias determinadas por la propia naturaleza humana y en cuya constitución la voluntad humana no tiene nada que ver, como no sea en las formas de organización posterior.

A este respecto República de Platón y La Política de Aristóteles, son, en varias de sus partes, un testimonio de esta afirmación.

Más radical todavía es la posición de aquellos, como Hegel, por ejemplo, que suponen que el origen de toda formación social y de los sistemas de poder provienen siempre de un acto de fuerza, o como Marx, para quien el Estado y el derecho no son otra cosa que la reproducción a nivel jurídico político de la dominación  de clase que se da en el modo de producción, en la estructura económica de la sociedad.

Para Marx no ha habido Contrato Social sino dominio de la clase hegemónica sobre las demás clases sociales. El Estado es la proyección de ese poder en el plano de las instituciones y el derecho, una trampa mediante la cual se hace creer en la igualdad ante la ley para encubrir la desigualdad real.

Sea por origen contractual en que se expresa el consenso de la Voluntad General, sea por adhesión a lo establecido por una voluntad hegemónica de poder, o sea por un acto de fuerza institucionalizado en el Estado y legalizado en la norma jurídica, lo cierto es que de una u otra forma se ha prefigurado en los distintos momentos de la historia, un tipo determinado de organización social, jurídica y política, que a priori o a posteriori, ha permitido a la sociedad identificar los ejes fundamentales que sostienen la estructura social y estatal.

En el momento actual observamos una doble situación: por un lado, la ruptura de esos ejes; por el otro, la fusión de diferentes factores en el “núcleo duro” del poder mundial.

La ruptura de esos ejes alrededor de los cuales ha girado la Democracia Moderna y la Modernidad en general se puede identificar de la siguiente forma:

1. Se ha separado lo jurídico de lo político, como dice Norberto Bobbio, el juego, lo político, ha cambiado sin que cambien las reglas del juego, es decir, el derecho, que siguen siendo las mismas.
2. Lo económico se ha separado de lo político, la economía política es enunciada como una realidad autónoma que obedece a leyes objetivas, las del mercado, que tienen una lógica propia, independiente de la voluntad de los factores políticos, jurídicos o sociales.

Lo político, en consecuencia, ya no regula lo económico, lo que hace que la economía política pretenda ser no la disciplina formada por el tejido de relaciones que participan en su comportamiento y determinaciones, sino una ciencia y una realidad objetiva, abstracta e independiente.

3. En lo que concierne a la relación entre lo económico y lo social, habría que decir que la economía deja de ser una ciencia y una técnica encargada de encontrar satisfacción a las necesidades sociales al menor costo posible a través de la aplicación del principio del mínimo medio, para transformarse en una realidad autónoma con una lógica propia e independiente.

La relación entre fin y medio queda así destruida, el sentido teleológico de la función económica desaparece, y el objetivo no es ya, como decía Marx de la economía capitalista, producir objetos para satisfacer necesidades, sino producir necesidades para satisfacer objetos.

4. El derecho y la economía están separados el uno de la otra, o dicho con mayor precisión la economía, al igual que las otras formas sociales y políticas, se encuentran separadas del derecho, al menos en lo que concierne a la formulación neoliberal de la economía.

Sus leyes no son ya las reglas jurídicas sino, exclusivamente, las leyes del mercado, olvidándose con frecuencia que el funcionamiento económico depende, en buena medida, del conjunto de normas que regulan su funcionamiento, es decir, del derecho, que fija la forma de comportamiento y que establece las garantías, derechos y deberes de los sujetos que participan en los procesos económicos.

5. Lo social y lo jurídico están separados en esta forma de organización, o desorganización, de la sociedad contemporánea. Los movimientos de la Sociedad Civil, sus espacios de participación y la influencia real de los mismos en los procesos de toma de decisión, no están todavía suficientemente regulados por las leyes.

Aunque es lógico que así sea, pues por lo general los procesos sociales anteceden a las normas que los regulan, ya que el derecho, como decía Luis Recaséns Siches , forma de las formas sociales, es, sin embargo, una realidad en la que mucha de las expresiones y formas de la Sociedad Civil no están contempladas en la ley. Se hace necesaria una mayor visión y apertura de lo jurídico para incorporar las formas sociales que cada día se van constituyendo.

6. Una de las causas de la ruptura del Contrato Social de la sociedad contemporánea es la disolución cada vez más acentuada entre el Estado y la Sociedad Civil.

Cada vez más el Estado en virtud de eso que hemos llamado la autarquía del poder y la autonomía de lo político con respecto a lo social, se desatienden y, valga la expresión paradójica, se disocian de su sociedad. Hay un proceso que se produce en un sentido contradictorio y opuesto: por un lado este fenómeno de superación entre el Estado y su propia sociedad y por el otro, la integración del Estado a las estructuras de poder económico transnacional que hace de él, no pocas veces, sólo una correa de transmisión de las decisiones adoptadas en centros de poder hegemónicos mundiales.

7. Pero el fenómeno no se agota en la separación Estado sociedad, sino que hay una fragmentación en la propia estructura social. Esta fragmentación se expresa en dos formas principales: la que se da entre los diferentes sectores que forman el tejido social y que tienen intereses, múltiples, y con no poca frecuencia contrapuestos, obreros-empresariales, rurales-urbanos, comerciales-industriales, culturales-políticos, etc., y, la más dramática que se da entre los sectores de la sociedad que quedan incorporados a ella y aquellos sectores definitivamente excluidos del tejido social.

Es lo que algunos llaman la Sociedad de los dos Tercios frente al Tercio Excluido.

8. Finalmente, podríamos señalar la separación de las expectativas políticas, entre aquello que a la política se le plantea y lo que ella realmente da, según lo señala Fernando Mires. Se espera que la política resuelva los grandes problemas de la sociedad, que sea, como han querido los filósofos políticos de todos los tiempos, a excepción de Maquiavelo y sus seguidores, el arte del bien común.

Frente a esto, la política ha devenido un ejercicio de castas en busca de poder, de artilugios y artificios para conseguirlo, de separación entre el discurso y la acción, pues pareciera que la habilidad política consiste en hacer lo que no se dice y decir lo que no se hace.

Ante esta radiografía de la situación contemporánea se vuelve imperativa la necesidad de restaurar las fracturas anteriormente señaladas.

1. Lo jurídico, las reglas del juego, deben de referirse a la situación del cambio de lo político, es decir, del juego mismo, continuando en el uso de los términos de Norberto Bobbio. No significa, desde mi punto de vista, que el derecho deba santificar en todos los casos todas las situaciones políticas planteadas, sino dirigirse a ellas para regular, modificar o encauzar, según el caso la situación de que se trate.

No ignoro que esto significa ya un movimiento de cambio de lo político que se expresa a través de lo jurídico, pues todos estos términos son intercurrentes y se encuentran dialécticamente relacionados. Esto requeriría la generación de un movimiento de opinión pública, de participación ciudadana y de independencia legislativa que introduciría una transformación en el derecho y en la política. En todo caso, y aunque los resultados de este proceso son fundamentales, es imprescindible, sin perjuicio de los mismos resultados, dar un primer paso  relacionando de nuevo el derecho y la política.

2.   En lo que hace a la ruptura entre lo económico y lo político, o más precisamente a la pretendida autonomía de la economía política que no responde más que a sus propias leyes objetivas, convendría recordar, al menos desde el punto de vista teórico, que la economía política es el resultado de un tejido de relaciones, que sus leyes, si bien tienen cierta especificidad, no son autónomas, que la voluntad política ejercida desde las estructuras del poder financiero mundial está presente en eso que se ha pretendido presentar como una objetividad necesaria y autónoma, y que, finalmente, el término político que acompaña su nombre, no es sólo un adjetivo calificativo, sino una condición de su propia naturaleza. La economía si no es política no es economía.

* ¿Cómo hacer para que la política recupere su dignidad y la economía política su verdadero sentido?

* ¿Qué hacer para que ambas categorías se ubiquen en los lugares que efectivamente les corresponde?

Para empezar, la teoría debería empeñarse en demostrar que la llamada objetividad de las leyes de mercado no es tal, que responde a una voluntad política con objetivos específicos y determinados que se escudan ante el supuesto carácter inmutable de las leyes económicas, creando así la nueva versión infalible del derecho natural.

La creación de una conciencia alrededor de este problema es un deber de los filósofos y los políticos. El debate sobre el tema en las Universidades y en los diferentes medios de comunicación, es de imperativa necesidad, pues nada puede hacerse si no existe una conciencia colectiva y una opinión pública racionalmente sustentada alrededor del problema.

3. Lo económico se ha separado de lo social desde el momento mismo en que se ha separado de lo político. La ruptura se da por el hecho de que ya la economía política, tal como se formula actualmente, no tiene por finalidad satisfacer las necesidades sociales, pues eso significaría estar ligada a un fin que le es externo, y sabemos que la pretensión de los teóricos del neoliberalismo es desligar la economía de cualquier fin exterior, pues ella misma es por ella y en si su propio fin.

La restauración de esta ruptura pasa necesariamente por un reordenamiento entre los fines y los medios de la economía política, es decir su reubicación como disciplina determinada por un fin externo y superior que es la satisfacción de las necesidades sociales.

4. La separación de lo económico de lo jurídico hace suponer que el derecho no es necesario para regular los procesos de la economía, como si el acto o los actos económicos existieran al margen de las reglas que rigen la sociedad.

La restauración de la relación entre lo económico y lo jurídico es  un aspecto fundamental para procurar aunque sea una mínima unidad en la sociedad, además de que el derecho y la norma legal específicamente dirigida a los actos económicos, es imprescindible para establecer reglas del juego claras, derechos y deberes específicos y garantías necesarias entre los interlocutores y actores de la actividad económica.

5. La ruptura entre lo social y lo jurídico, deja al primero desprovisto de normas que establezcan las reglas del juego en una parte importante de la actividad comunitaria, y, el segundo, queda desprovisto del contenido específico que le da sentido.

El Nuevo Contrato Social debe ocuparse de manera muy atenta de subsanar esta ruptura,  pues de ello depende que la sociedad adquiera estabilidad y confianza al verse reflejada en las normas que provienen de ella, y que el  derecho recupere su naturaleza fundamental que es la de ser expresión normativa de la voluntad colectiva.

6. La ruptura entre representantes y representados ha sido tratada en diferentes partes de este trabajo, por lo que me limitaría a recapitular algunas de las ideas expresadas.  El hecho de que los representantes se alejen cada vez más de la fuente de su representación, los representados, obedece a la tendencia de esa fuerza centrífuga que separa a los diversos componentes del todo social y que pareciera ser la regla general de nuestro tiempo.

Los representantes responden a los intereses del poder político, que a su vez responde a los del poder económico nacional e internacional, mucho más que a los intereses de sus propios electores. El poder cobró autonomía de su fuente al mismo tiempo que pasó a formar parte de otra estructura: el poder económico. Marx y el neoliberalismo, como ya lo ha observado Fernando Mires, coinciden en esta apreciación.

Aunque no hay fórmulas específicas que puedan ofrecerse como solución de estos problemas, pienso que debe insistirse sobre el tema de legalidad y la legitimidad.

Todo debe estar sometido a la ley, legalidad, pero ésta debe estar sometida a la voluntad general, legitimidad. El representante perdería la razón de la representación si no la ejerce y el poder tendría que practicarse sin ampararse en este principio creador de la Democracia Moderna. Si se quiere hablar de democracia, tiene que hablarse de la fuente popular del poder, del origen de la soberanía, la que se ejerce por representación o en forma directa.

Si es así, junto a la exigencia de la obligación de los representantes de actuar conforme la voluntad de los representados, debe darse paralelamente un proceso de recuperación de la representación por parte de los propios representados. Es una forma de ejercer la democracia de manera más directa y participativa.

Esto conlleva al fortalecimiento de la Sociedad Civil y de los mecanismos de organización y participación ciudadana, cuyos espacios deben ser adecuadamente perfilados para evitar la creación de una sociedad corporativa, que por definición  es y por experiencia ha sido antidemocrática.

Se trata de un nuevo diseño político del cuadro de la representación y la participación, ejercidos conjunta-mente y en áreas específicas entre los Partidos Políticos y la Ciudadanía, de cuya teoría y práctica pareciera depender el presente y el futuro de la democracia y su recuperación, frente a las formas totalitarias del Estado y el mercado.

7. La ruptura entre el Estado y la Sociedad Civil es una de las formas más dramáticas de disrupción pues se trata de dos entidades que en verdad son una sola. El Estado es la forma más orgánica y compleja de expresión de la sociedad. El Estado es la sociedad organizada. La sociedad, la naturaleza del Estado, el origen y justificación del poder y la soberanía. La sociedad ha sido hasta hoy el antecedente necesario del Estado. Sin sociedad no hay Estado, al menos desde el punto de vista de las Teorías Contractualistas que desembocan en los sistemas democráticos.

La sociedad es anterior desde el punto de vista cronológico y ontológico. Es decir, la sociedad no sólo precede al Estado, sino que determina su naturaleza, su esencia y existencia. La sociedad es el ser del Estado.

Pese a lo anterior y al hecho mismo que en el Contrato Social se considera el momento de creación de la sociedad el primer momento del Contrato, hay quienes piensan, no obstante, que sin Estado no hay sociedad posible, que la existencia de ésta depende del conjunto de normas e instituciones que posibilitan su existencia y desarrollo.

En todo caso, si recíprocamente son necesarios y complementarios, esto significa que ambos tienen que existir para que cada uno de ellos exista en su individualidad. El derecho, la sociología y la teoría política modernos han partido de este presupuesto, que hoy se desmorona ante la autonomía del Estado con respecto a su sociedad respectiva y la correspondiente dependencia en relación a los mecanismos de mercado, económicos, financieros, monetarios y fiscales.

El restablecimiento de la dependencia del Estado de la sociedad y, en consecuencia, de la Voluntad General es condición de su  justificación histórica, de lo contrario la ley es una arbitrariedad, las instituciones un abuso y el poder un exceso. El Nuevo Contrato Social debe restablecer los vasos comunicantes y la capilaridad entre el aparato del Estado y la Sociedad Civil.

8. Pero la ruptura entre el Estado y la Sociedad Civil no agota las posibilidades de fragmentación de las unidades constitutivas de la Modernidad, pues la propia Sociedad Civil, más que una realidad con relativa homogeneidad, es también una entidad fracturada.

Cuando hablamos de fractura no nos referimos al hecho de que la sociedad está segmentada en varios sectores que tienen sus propios intereses, con frecuencia contrapuestos a otros, sino que entre todos esos segmentos con su propia identidad, esfera de acción e intereses específicos, no existe un plano de coincidencias mínimas, un común denominador, en el que las distintas partes adquieran el sentido de unidad en el que se trascienden las diferencias sin perder las identidades.

El Contrato Social debe recomponer la fractura de las partes y los compartimientos estancos, en un tejido de relaciones múltiples e interactivas que permita que el cuerpo social sea eso, una entidad recíprocamente relacionada en el que las partes mediante un proceso con intención, dirección y sentido, tiendan a un fin común en el que se concilien los fines particulares y específicos.

Hasta aquí estamos hablando de los problemas de una sociedad en la que se ha perdido el fin común, por lo que cada segmento sobrevive aislado y confrontado con los otros y pensando que sus intereses son los intereses universales de toda la sociedad. En esta situación descrita el problema es el aislamiento y la ausencia de objetivos comunes, pero cada grupo vive y sobrevive, aunque aislado y encerrado en sí mismo. Sin embargo el problema de hoy es mucho más grave y dramático. El paso de la sociedad industrial a la sociedad tecnológica ha dejado una masa de desempleo irreductible.

La sociedad post industrial, llamada por algunos como Sociedad de los Dos Tercios, deja fuera de toda posibilidad de integración a Un Tercio de la población. Aquí estamos enfrentados a un problema económico, sociológico, jurídico y sobre todo, ético.

Aceptar que Un Tercio de la población debe quedar irremisiblemente marginado es aceptar como normal el darwinismo social, la muerte por hambre de millones de personas, la delincuencia, la droga y la guerra contra la sociedad de un grupo humano que se sabe definitivamente excluido de toda forma de vida comunitaria.

El Mercado actuando sobre la sociedad surgida de la Revolución Tecnológica, no sólo no puede resolver este problema sino que tiende a agravarlo. La única solución posible tiene que ser una solución política que intente reconducir los efectos mecánicos del mercado hacia un fin social formulado por la sociedad y el Estado.

Todo lo dicho tiene como presupuesto la voluntad de reformular lo político y rehacer la política lo cual presupone una voluntad colectiva y una voluntad del poder en ese sentido. Sin esa voluntad no hay solución ni política, ni económica ni de ninguna índole. Si esto no ocurre, la política será cada vez más un juego sin otro propósito que la búsqueda del poder por el poder en todos los niveles. Una actividad deleznable realizada por una casta de sujetos que medran en una función que ya no tiene sentido, aunque todavía una parte de la población siga pensando que la política, y los políticos, pueden dar solución a sus problemas.

Presentadas así las cosas estamos frente a una situación en la cual se espera de la política lo que ella no puede dar.

Como dice Fernando Mires, “La distancia que existe entre lo que a la política se le plantea y lo que ella otorga es, sin duda, una de las razones que lleva a pensar en la crisis de la política”.

Estamos conscientes que la política no puede resolver todos los problemas, pero muchos si pueden ser resueltos y otros prevenidos antes de que se transformen en situaciones irresolubles.

Pero hablamos de una nueva política, con nuevos contenidos y con una misión específica: restituir a la voluntad y decisión del ser humano la responsabilidad de la existencia social y de la convivencia digna.

De una política que ha recuperado su sentido y dignidad, que ha tomado conciencia de los graves problemas de nuestro tiempo y de la necesidad de ser enfrentados mediante la búsqueda de acuerdos, de consensos que den forma a un Nuevo Contrato Social que siente las bases de la sociedad de hoy y de mañana.